La antigua Prisión Provincial de Cáceres cerró definitivamente sus puertas en septiembre de 2009. De esta manera, terminó una etapa de su historia que comenzó algo más de ochenta años antes y se inició una nueva fase marcada por la incertidumbre sobre su futuro, inquietud que llega hasta nuestros días.

En plena dictadura de Primo de Rivera (1927) algunos sectores políticos y sociales de la capital cacereña solicitaron al ayuntamiento la construcción de una nueva prisión provincial ante el lamentable estado de la cárcel existente. A la cabeza de esta reivindicación se encontraba Antonio Canales González, dirigente local del PSOE y la UGT. Hubo que esperar a los primeros años republicanos para que se iniciaran los primeros trámites, unas gestiones en las que tuvo un notable protagonismo nuevamente Antonio Canales González, si bien ahora lo hacía desde su responsabilidad de alcalde de la ciudad y diputado a Cortes por la provincia. A principios de diciembre de 1933 se aprobó el “proyecto de construcción de una Prisión provincial en Cáceres” y a finales de febrero del año siguiente se colocó la primera piedra, comenzando así la edificación del nuevo inmueble. La capacidad prevista para esta nueva prisión se fijó en 145 plazas, 130 para hombres y 15 para mujeres. Dos años más tarde el avance de la obra era palpable, sin embargo, antes de finalizarse ya comenzó su uso.

El éxito del golpe de estado de julio de 1936 en la capital cacereña y en la mayor parte de la provincia conllevó su inmediata utilización. A sus dependencias pronto comenzaron a llegar un indeterminado número de personas que las nuevas autoridades militares golpistas consideraron como enemigos. A falta de cifras oficiales, una fuente histórica eleva a 1100 la cifra de presos, la mayoría “políticos”, en noviembre de 1937. Por otra parte, se ha constatado que 338 de sus presos “políticos” fueron asesinados por un piquete militar franquista antes del 1 de abril de 1939, uno de ellos no era otro que el alcalde socialista Antonio Canales González. Igualmente conviene señalar que 19 presos “políticos” fallecieron en el interior de esta prisión antes de la finalización de la Guerra Civil. De esta manera, la nueva prisión provincial de Cáceres se convirtió en un importante centro de reclusión de los oponentes políticos del nuevo estado franquista que se estaba cimentando durante los años del conflicto armado.

Los primeros años de posguerra convirtieron a la Prisión Provincial de Cáceres en un centro de reclusión realmente saturado. El padrón municipal del año 1940 (31 de diciembre) ofrece la cifra de 2516 personas censadas en la “Prisión Nueva”, si bien no distingue entre presos políticos y comunes. Por otra parte, conviene destacar que desde el 1 de abril de 1939 hasta el 4 de septiembre de 1943, fecha en la que tuvo lugar la última ejecución en la ciudad de Cáceres, 129 personas (presos “políticos”) fueron asesinadas por un piquete militar franquista una vez que abandonaron el recinto carcelario y 130 (presos “políticos”) murieron en su interior.

Durante los siguientes años la población reclusa se redujo y los presos “políticos” supervivientes poco a poco abandonaron este recinto carcelario. No obstante, a mediados de los años cuarenta (1945/1947) ingresaron en esta cárcel nuevos presos políticos. Nos estamos refiriendo a personas que fueron encarceladas por su relación con la guerrilla antifranquista en la provincia de Cáceres, principalmente “enlaces”. Aunque por ahora desconocemos su número, que podría elevarse a varios centenares, si sabemos que permanecieron poco tiempo entre sus muros (un mes o un mes y medio) pues eran trasladados a Madrid para ser juzgados y muchos de los condenados terminaron en otras cárceles del país.

Actualmente se ignora si en la década de los cincuenta la Prisión Provincial de Cáceres albergó presos políticos, pero si sabemos que a comienzos de los sesenta más de 200 presos antifranquistas se encontraban retenidos en este centro penitenciario. La inmensa mayoría de ellos procedían de otras provincias (Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Sevilla, Valencia, etc.) y fueron detenidos por sus actividades contra la dictadura y su militancia en el Partido Comunista de España y/o en Comisiones Obreras.

Apenas tenemos datos de los presos políticos de los últimos años del franquismo y los primeros momentos de la transición a la democracia.

Todo lo expuesto muestra claramente que la Prisión Provincial de Cáceres se convirtió, en no pocas ocasiones, en una cárcel de naturaleza represiva de carácter político desde su precipitada apertura hasta el final del franquismo¹.

Ya hemos apuntado que la Prisión Provincial de Cáceres (en esos momentos denominada Centro Penitenciario de Cáceres I) se clausuró en septiembre de 2009. No obstante, fue años antes cuando este recinto carcelario fue perdiendo su principal función. Aunque su cierre fue decretado en 1996, hubo que esperar hasta mediados del año 2000 para que los últimos internos abandonaran el edificio y fueran trasladados al Centro Penitenciario de Cáceres II. A partir de esos momentos se convirtió en una sección abierta para reclusos en tercer grado penitenciario y en 2006 se transformó en un Centro de Inserción Social. La apertura el nuevo Centro de Inserción Social supuso su cierre definitivo a finales de septiembre de 2009. A partir de esa fecha el edificio ha carecido de uso alguno y ha sufrido un importante y continuo deterioro.

Este proceso de cierre de la antigua Prisión Provincial de Cáceres trajo como consecuencia el inicio de un largo debate social y político que continúa en la actualidad sobre el futuro empleo del edificio, que popularmente pasó a ser conocido como la “cárcel vieja”². Para entender esta controversia no puede olvidarse una circunstancia que ha sido un claro condicionante durante bastantes años. Efectivamente, la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Cáceres y el Ministerio de Justicia en 1992 contemplaba la demolición del edificio, lo que conllevaría el cambio de dedicación del solar resultante de urbanístico a residencial (se consideraban aproximadamente 12 000 m²) permitiendo la construcción de viviendas.

 

Tras un complejo y largo recorrido salpicado de no pocas polémicas, el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado a finales de diciembre de 2006, recogió que la futura utilización como “equipamiento cultural” de la “cárcel vieja”. Por otra parte, en el Plan General Municipal de la ciudad de 2010 se consideró a este inmueble como un bien protegido de carácter estructural. Todo ello a pesar de las actuaciones del Ministerio de Economía y Hacienda quien exigía la concreción del convenio firmado en 1992.

En paralelo a todo lo anterior, se pusieron sobre la mesa diversas propuestas para su futuro uso. Estas proposiciones, surgidas algunas veces de la sociedad civil y otras desde las propias instituciones públicas, fueron numerosas y variadas: “espacio de la creación joven”, “un Palacio de la Música y de las Letras”, “gran centro de arte joven”, una residencia para los mayores, un instituto, una escuela taller, un supermercado, etc. Ahora bien, la aprobación del nuevo Plan General Municipal de Cáceres supuso un antes y un después en este dilatado debate. Posiblemente, la declaración de bien protegido fue una de las causas de que este asunto perdiese interés público y mediático en los siguientes años.

Mientras todo esto ocurría, a finales de 2014 era claramente perceptible el importante y continuo proceso de deterioro que sufría el inmueble (tejados caídos, cristales rotos, pintadas en los muros, etc.), que parecía no importarle a su propietario, a pesar de las continuas quejas del vecindario donde se ubica la “cárcel vieja”. Hay que aclarar que la propiedad del edificio correspondía (y corresponde) al Gobierno de España, si bien de su gestión se encargaba (y se encarga) la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado S.M.E., SA (SIEPSE)³.

Como en otras ocasiones, concretamente en febrero de 2015, algunos vecinos de la zona denunciaron su abandono apuntando la suciedad del inmueble, la existencia de ratas y perros, situación que conllevaba una mala imagen de la zona. Sin embargo, todo comenzó a cambiar a finales del primer trimestre de ese año con la aparición de una nueva propuesta de utilización para el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres. A mediados de marzo de ese año la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) aprobó dos líneas de trabajo interrelacionadas: ampliar su labor a la “atención a familiares que sufrieron prisión (represaliados) por su compromiso republicano o su lucha antifranquista” y solicitar la “creación de un espacio de memoria en la antigua cárcel provincial de Cáceres”.

AMECECA nació en diciembre de 2010 con la pretensión global de recuperar la dignidad y la memoria de las víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres. Para ello se marcó como primer objetivo conseguir la construcción por parte del Ayuntamiento de Cáceres de un monumento memorial en el cementerio municipal dedicado a las víctimas mortales de la represión franquista en la capital cacereña. Este propósito se consiguió a finales de marzo de 2014, cuando tras numerosas gestiones el monumento memorial que fue finalmente inaugurado.

Al año siguiente, tal y como hemos visto, esta entidad memorialista planteó un nuevo aprovechamiento para el edificio de la antigua prisión provincial de Cáceres (“espacio de memoria”) que hasta esos momentos no se había postulado. De esta manera, AMECECA estaba defendiendo una utilización alternativa basada en nuevos usos relacionados con la memoria histórica democrática dados a antiguas cárceles o centros de detención en otros países, especialmente latinoamericanos.

A partir de esos momentos, los responsables de esta asociación pusieron en marcha varias líneas de trabajo complementarias que llegan hasta hoy y entre las que destacan las siguientes:

1ª. Conocer de la verdad, para ello habría que recabar los datos personas presas por motivos políticos y darlos a conocer.

2ª. Divulgar el carácter represivo de carácter de esta prisión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

3ª. Conocer ejemplos de reutilización de antiguas prisiones.

4ª. Establecer “alianzas” con personas, entidades de la sociedad civil y otros.

5ª. Realizar una labor reivindicativa respecto a las instituciones públicas.

Respecto al conocimiento de la verdad, hay que poner de manifiesto los importantes impedimentos existentes hasta el momento para poder recabar la documentación (conocer la verdad) relacionada con las personas que estuvieron presas por motivos políticos en la antigua Prisión Provincial de Cáceres. A día de hoy no hay un documento público global que recoja los nombres y apellidos de estas personas y por ahora la consulta de los “expedientes personales de los internos” (expedientes carcelarios), una de las fuentes históricas principales para poder conocer estos datos, presenta ciertas dificultades. En marzo de 2010 parte de estos expedientes fueron trasladados al Archivo Histórico Provincial, en concreto se trataba de aquellos expedientes que correspondían a las personas presas (sin distinción entre políticos y comunes) cuyo primer apellido comenzaba desde la letra A hasta la G y sin distinción del tipo de delito (común o político). Un importante fondo que se puede consultar presencialmente en este archivo y que recientemente se ha digitalizado (AMECECA lo venía demandando desde 2019), si bien no se ha elaborado un índice onomástico/geográfico público, a pesar de las continuas solicitudes que esta asociación memorial viene realizando a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura desde 2019.

El resto de estos expedientes permanecen en el actual Centro Penitenciario de Cáceres y su consulta resulta complicada a todas luces. De hecho, hay que realizar una solicitud a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio de Interior indicando el nombre de la persona presa a la que corresponde el expediente, teniendo en cuenta que no existe un índice general. Debido a esta situación y desde 2015, AMECECA viene reclamando a diferentes responsables del Ministerio del Interior (incluido al actual ministro, Fernando Grande-Marlaska Gómez) que los “expedientes personales de los internos” conservados en el Centro Penitenciario de Cáceres relacionados con personas presas en la antigua prisión provincial de Cáceres por motivos políticos (cuyo primer apellido comprende desde la letra H hasta la Z) sean trasladados al Archivo Histórico Provincial de Cáceres para su consulta pública. Hasta ahora no se ha conseguido resultado alguno, a pesar de algunas promesas de su inmediato traslado.

La divulgación de la faceta de “cárcel política” de la antigua Prisión Provincia de Cáceres ha sido otra de las prioridades de esta asociación. En este campo han sido muy numerosas y diversas las acciones llevadas a cabo. Posiblemente una de las más destacadas acciones desde 2015 sea la realización en la puerta del edificio del primer acto de la Jornada-Homenaje a todas las víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres que organiza esta asociación anualmente. Todo ello se ha complementado con una importante labor de difusión entre la ciudadanía (reparto de información, redes sociales, etc.) o las continuas notas de prensa a los medios de comunicación regionales, que han sido recogidas habitualmente. Hay que remarcar la emisión en la televisión autonómica del documental Una herida abierta, emitido a principios de 2010 y que dedicaba una especial atención a la situación de la antigua Prisión Provincial de Cáceres⁴. Además, no han faltado la celebración de diversos actos públicos (mesas redondas, jornadas, etc.), a lo que hay que sumarle la elaboración de varios artículos académicos⁵. Finalmente, hay que destacar que el exterior de la “cárcel vieja” de Cáceres se ha convertido en una parada obligada de la Ruta de la represión franquista en Cáceres puesta en marcha por AMECECA a principios de 2024.

Otra de las líneas de trabajo puestas en marcha se ha centrado en intentar conocer ejemplos de reutilización de antiguas prisiones, dirigiendo la atención hacia aquellas cárceles o centros de detención convertidos en la actualidad en espacios de memoria, museos de memoria o centros memoriales. Para ello, en primer lugar se ha realizado un importante esfuerzo de recopilación documental (bibliografía, material audiovisual, etc.), para después mantener contactos con responsables de algunos de estos centros memoriales (Museo Sitio de Memoria ESMA, Museo del Parque por la Paz Villa Grimaldi o Museu Nacional Resistencia e Liberdade – Fortaleza Peniche) y que, posteriormente, se ha concretado en visitas a algunos de ellos (Museu do Aljube -Resistencia e Liberdade en Lisboa y Museu Nacional Resistencia e Liberdade – Fortaleza Peniche). De igual manera se ha buscado asesoramiento en organismos de carácter internacional que desarrollan una importante labor relacionado con políticas públicas de memoria, un claro ejemplo de ello es el ingreso de AMECECA en la red transnacional del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM).

Todo lo anterior se complementa con la idea de establecer “alianzas” con personas a nivel individual y entidades de la sociedad civil. Buena prueba de ello han sido las casi 10 000 firmas recogidas desde la plataforma change.org apoyando la conversión del edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres en un “espacio de memoria relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz” o los algo más de 200 apoyos a esta propuesta recogidos entre personas de cierta relevancia artística, cultural, social, etc. de la comunidad autónoma y de todo el país. De la misma manera, se ha desarrollado un importante trabajo entre entidades sociales de diverso tipo (sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de Derechos Humanos, etc.) que han respaldado esta propuesta, al igual que un buen número de asociaciones memorialistas regionales y de otros territorios del Estado.

Estas acciones, y otras más, llevadas a cabo por AMECECA desde 2015 hasta la actualidad han supuesto que el debate público sobre el futuro uso de la antigua Prisión Provincial de Cáceres continuara a nivel social y político, lo que ha obligado a algunas instituciones públicas a realizar algunas actuaciones.

Ya hemos apuntado como AMECECA reivindicó públicamente la “creación de un espacio de memoria en la antigua cárcel provincial de Cáceres” a mediados de marzo de 2015, concretamente en el marco de su Jornada-Homenaje a todas las víctimas de la represión franquista, una proposición que fue perfilando y concretando con el paso del tiempo (posteriormente “centro memorial” y finalmente “centro cívico memorial”)⁶. En un primer momento, esta asociación apostó por desarrollar una labor institucional centrada en el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura. Se intentaba de esta manera conseguir cierto apoyo de estas instituciones para trasladar con más fuerza su proposición al Gobierno de España, verdadero propietario de un inmueble que en esos momentos estaba puesto en venta⁷.

En abril de ese año, esta asociación trasladó su propuesta a las diferentes candidaturas que se presentaban a las elecciones municipales en la ciudad (mayo de 2015). Puede que esta iniciativa fuera una de las razones que motivó que el asunto de la “cárcel vieja” emergiera en la campaña electoral. Así, la organización local del PSOE solicitó al Ministerio del Interior que retirara la oferta de venta del edificio y en su programa electoral se recogía el compromiso para que el edificio pasara a propiedad municipal y se transformara en un “espacio cultural, cívico y social en el que incorporaremos un espacio para la Memoria Histórica”.

Tras estas elecciones, AMECECA planteó su proposición a la nueva corporación municipal (Partido Popular), aunque sin encontrar eco alguno. De hecho, a principios 2016 la máxima responsable de la corporación no dudó en apuntar unos posibles empleos (archivo administrativo, archivo histórico y biblioteca municipal) que no coincidían con la propuesta de la entidad memorialista. Además, la alcaldesa de la ciudad no dudó en poner sobre la mesa el posible importante coste de la rehabilitación y del mantenimiento del edificio.

A mediados de marzo de 2016, AMECECA reiteró públicamente reivindicación durante su Jornada-Homenaje anual. Curiosamente unos días más tarde, desde el equipo de gobierno del ayuntamiento se dio a conocer una primera estimación realizada por técnicos municipales sobre el posible coste de la rehabilitación del inmueble, que elevaron a doce millones de euros. Apenas unos días después, en el pleno municipal celebrado en abril de 2016 se acordó por unanimidad de todos los grupos municipales una moción en la que se solicitaba la cesión gratuita del edificio al Ayuntamiento de Cáceres, a la vez que se consideraba que para determinar su futuro uso se debería contar con la participación ciudadana y con un estudio de viabilidad económica. Igualmente, se determinó solicitar a la SIEPSE que se sacara al inmueble de la oferta inmobiliaria de dicho organismo.

Aunque AMECECA protagonizó diversas acciones en torno a su propuesta, el resto del año no trajo avance alguno, de hecho, se constató una pérdida de interés de la corporación municipal por este asunto. Ante esta situación y al año siguiente, esta asociación sumó dos nuevas actuaciones a las que ya venía realizando. A mediados de mayo responsables de la asociación trasladaron su propuesta de utilización de la antigua Prisión Provincial de Cáceres al subdelegado del Gobierno en Cáceres, además de mostrarle su preocupación por el deterioro en el que se encontraba dicho edificio y de recordarle que el propietario del edificio era el Gobierno de España. Junto a lo anterior, AMECECA solicitó en noviembre de 2017 a la Junta de Extremadura (gobierno del PSOE) la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres, una petición en la que además se denunciaba la importante degradación del inmueble. Esta demanda fue ampliamente difundida por la asociación y tuvo cierto seguimiento en la prensa regional, iniciativa que despertó nuevamente el interés público por este asunto. Buena prueba de ello fue la confirmación pública por parte del subdelegado del Gobierno en Cáceres de la no cesión por parte del Estado del edificio al Ayuntamiento de Cáceres, al no haber presentado dicha institución ni el proyecto ni la memoria económica requerida para su entrega a la institución municipal, lo que confirmaba el desinterés de esta administración local por el inmueble.

A principios de 2018 hubo una novedad respecto a la posible venta de este edificio ya que la SIEPSE la retiró de su oferta inmobiliaria. Esta positiva noticia contrastaba con el desinterés por la cesión del edificio tanto del Ayuntamiento de Cáceres como de la Junta de Extremadura durante los primeros meses del año. Por su parte, AMECECA continuó con su campaña para popularizar su propuesta que durante ese año y principios del siguiente sin apenas tener eco entre estas dos instituciones públicas.

La llegada de una corporación socialista al ayuntamiento cacereño tras las elecciones municipales de mayo de 2019 y la entrada en vigor en junio de ese año de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que debería aplicar el gobierno regional del PSOE (con mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura tras las elecciones autonómicos de mayo de 2019) fueron contempladas por AMECECA como una nueva posibilidad para que su propuesta tuviera mayor repercusión entre estas dos instituciones. Sin embargo, tras el paso del tiempo (y en un contexto general adverso como fue el de la postpandemia) estas dos administraciones apenas mostraron preocupación por este asunto⁸.

El ayuntamiento cacereño prestó escaso interés por esta cuestión en los años siguientes, a pesar de la insistencia de AMECECA en las numerosas reuniones mantenidas. Hay dos situaciones paradigmáticas que muestran esta realidad, la primera se relaciona con la continua petición de AMECECA de información de la documentación administrativa generada (proyectos, informes, comunicaciones, etc.) desde el Ayuntamiento de Cáceres relacionada con una posible reutilización del edificio del antiguo Centro Penitenciario de Cáceres que en modo alguno era atendida, por lo que dicha asociación tuvo que recurrir en abril de 2023 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que se le facilitara la documentación requerida. La segunda circunstancia tiene que ver con la fecha tan avanzada en la que el entonces alcalde se comprometió públicamente a que el inmueble se convirtiera en propiedad municipal, ya que lo hizo en abril de 2023 y en plena campaña electoral de cara a las elecciones municipales de mayo de ese año. Además, como candidato socialista asumió su rehabilitación si volvía a ser elegido primer edil, si bien no llegó a concretar los usos a dar.

La Junta de Extremadura tampoco mostró una especial sensibilidad respecto a esta problemática. Ello se pudo comprobar en la tramitación de la solicitud de AMECECA de la declaración como BIC del edificio por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes realizada en noviembre de 2017. De esta tramitación no se sabía nada a comienzos de 2019, a pesar de los varios requerimientos realizados por AMECECA y hubo que esperar a octubre de ese año para que los responsables autonómicos apuntaran que la competencia de declarar BIC al inmueble era del Ministerio de Cultura y Deportes. Otra situación que mostró este desinterés por parte de la Junta de Extremadura lo encontramos en la gestión de la petición de AMECECA de declaración de lugar de memoria de la antigua Prisión Provincial de Cáceres. La nueva ley autonómica contemplaba esta posibilidad y por ello la entidad memorialista hizo la correspondiente demanda a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en junio de 2020. La ausencia de respuesta a esta demanda durante un año y medio, supuso el registro de una nueva solicitud en diciembre de 2022, que en esta ocasión si obtuvo contestación. El dictamen facilitado en enero de 2023 tuvo ciertos tintes de esperpento pues se indicaba que se estaba trabajando “en el Decreto del desarrollo de la Ley en el que se recogerá la normativa para tal efecto. Una vez constituido el registro de Lugares de Memoria Histórica y Democrática, procederemos a su tramitación con objeto de incluirlos en el mencionado registro”, es decir que tres años y medio después de la entrada en vigor de la ley aludida, ésta todavía no se podía aplicar.

El escaso apoyo encontrado en el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura a la propuesta de AMECECA y el hecho de que el propietario del edificio continuara siendo propiedad del Gobierno de España, motivó que a principios de 2021 AMECECA dirigiera la mayor parte de sus esfuerzos de cara a las instituciones públicas directamente hacia las instancias gubernamentales estatales.

En estas mismas fechas, la entidad memorialista lanzaba su primer manifiesto: “El edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres debe convertirse en un espacio de memoria relacionado con la represión franquista, los Derechos Humanos y la paz”. Sin embargo, la confusión terminológica que generó el concepto de “espacio de memoria” entre algunos sectores sociales y políticos de la región, llevó a la asociación a sustituirlo primeramente por “centro memorial” al año siguiente por el más amplio “centro cívico memorial” desde marzo de 2024.

Con la experiencia acumulada de los años anteriores, AMECECA inició sus actuaciones buscando tener ahora como interlocutor al Gobierno de España, unas iniciativas de cara a esta institución que pueden ser agrupadas en dos direcciones entrecruzadas:

1. 1. 1. Detener el importante deterioro que sufre el edificio.
      2. Su conversión en un centro cívico memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. 

Respecto a la primera cuestión, tres han sido las líneas de actuación las adoptadas hasta el momento. La primera de ellas se relaciona con la solicitud de declaración del edificio como Bien de Interés Cultural. Como se ha visto, AMECECA realizó la primera gestión en este sentido ante la Junta de Extremadura en noviembre de 2017 y no fue hasta octubre de 2019 cuando desde dicha institución se apuntó que la competencia era del Ministerio de Cultura y Deportes. La primera iniciativa de la asociación con este ministerio se realizó en abril de 2021 cuando se solicitó a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales la clarificación de la competencia para la declaración como BIC del edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres. Al transcurrir el tiempo y no obtener respuesta, en febrero de 2022 y en colaboración con el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de las Diputados se hizo una pregunta en sede parlamentaria al Ministerio de Cultura y Deportes (que en esos momentos dirigía Miquel Iceta Llorens) para aclarar el ámbito competencial en la declaración como BIC antes aludida y la situación en la que se encontraba dicha declaración. La respuesta no se hizo esperar y en marzo de ese año responsables de ese ministerio informaron que se encontraban “en conversaciones interdepartamentales, así como con la Sociedad, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poder proceder a su declaración”⁹. Desde esa fecha y hasta hoy, el Ministerio de Cultura no ha facilitado información alguna a AMECECA sobre “el estado de las actuaciones realizadas por ese Ministerio para declarar Bien de Interés Cultural el edificio de la antigua prisión provincial de Cáceres”, a pesar de las demandas dirigidas al actual ministro de Cultura (Ernest Urtasun Domènech) en enero y octubre de 2024.

La segunda línea de actuación tiene que ver con la petición de AMECECA en febrero de 2023 de declaración del edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática y su anotación preventiva en el inventario de Lugares de Memoria Democrática y la determinación de su régimen de protección, según lo dispuesto en la actual Ley de Memoria Democrática (2022). Sin embargo, en agosto de 2024 y desde la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática se indicó que el expediente había caducado y habría que reiniciarlo, aunque no se especificaban las causas de dicha caducidad. Ante esta situación, AMECECA ha vuelto a solicitar esta declaración en octubre de 2024.

Finalmente, la última iniciativa en este campo ha sido dirigirse directamente a miembros del gobierno (en enero de 2023 al presidente del Gobierno de España -Pedro Sánchez Castejón- y en diciembre de 2023 al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática -Ángel Víctor Torres Pérez-) demandándoles que se adoptaran “a la mayor brevedad posible las medidas oportunas para que no continué el importante estado de deterioro del edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres”, una circunstancia que le recordaron responsables de esta asociación a la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática (Zoraida Hijosa Valdizán) en una reunión mantenida en Cáceres en marzo de 2024.

En noviembre de 2024, el proceso de degradación continúa inexorablemente y se desconoce si por parte del Gobierno de España se adoptará alguna medida en el futuro para detener esta lamentable situación.

Respecto a la otra dirección trazada, es decir la conversión del edificio en un centro cívico memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz, la situación tampoco parece ser muy halagüeña. La primera acción adoptada por AMECECA tuvo lugar en febrero de 2021 cuando solicitó a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Carmen Calvo Poyato) que se tomaran las medidas oportunas para que la antigua Prisión Provincial de Cáceres se convirtiera en un espacio de memoria relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. En junio de ese año representantes de AMECECA mantuvieron una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado de Memoria Democrática (Fernando Martínez López) donde se le recordó todas las actuaciones de AMECECA en torno al edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres y su solicitud a la vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Sin embargo, esta petición que nunca obtuvo respuesta.

A principios de 2022, a iniciativa de AMECECA, el Grupo el  Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común realizó una Proposición no de Ley para debatirse en la Comisión Constitucional del Congreso en la que se recogía que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a buscar una fórmula para que, una vez entrara en vigor la futura Ley de Memoria Democrática y con arreglo a sus disposiciones, la antigua Prisión Provincial de Cáceres pudiera convertirse en lugar de memoria democrática relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. La confusión terminológica entre “espacio de memoria” y “lugar de memoria” que aparecía en dicha proposición hizo que la entidad memorialista reclamara la corrección oportuna para su debate, sin embargo, nunca llegó a discutirse en la comisión aludida.

El 31 de octubre de 2022, es decir diez días después de entrada en vigor de la Ley estatal de Memoria Democrática, AMECECA solicitó al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Félix Bolaños García) que se tomaran “las medidas oportunas para que el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres aloje en un futuro el Centro de la Memoria Democrática que señala el artículo 58 de la Ley de Memoria Democrática”. Esta petición originó que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal del Senado se preguntara al gobierno si se iba a atender la petición de AMECECA, la respuesta del gobierno llegó a mediados de diciembre y fue clara, pues se contestó que no se tenía previsto que en la antigua Prisión Provincial de Cáceres se alojara el Centro de la Memoria Democrática que contemplaba la Ley de Memoria Democrática. Ante esta respuesta negativa, en enero de 2023, AMECECA solicitó al presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez Castejón) que desde dicho gobierno se tomaran las medidas oportunas para que el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres se convirtiera en un centro memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. Un mes más tarde llegó la respuesta indicándose que desde la Presidencia del Gobierno se daría “remisión, nuevamente, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a los efectos de que puedan analizar su propuesta conjuntamente con el Ministerio del Interior, del que depende, hoy, el inmueble y su conservación”.

Tras el paso de los meses y ante la ausencia de novedades, AMECECA reiteró su proposición al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática (Ángel Víctor Torres Pérez) en diciembre de 2023, actuación que se le trasladó a la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática en marzo de 2024. A fecha de hoy, noviembre de 2024 no ha existido respuesta alguna.

Este desesperante silencio, ante las reiteradas demandas de AMECECA, parece indicar que por ahora no existe voluntad política por parte del Gobierno de España de tomar en consideración la actual propuesta de esta entidad memorialista para que el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres, es decir su conversión en un centro cívico memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz.

Todo lo expuesto anteriormente, permite concluir que las instituciones públicas deben jugar un papel muy diferente al desarrollado hasta ahora para detener el importante deterioro que sufre el edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres y conseguir su conversión en un centro cívico memorial. No cabe duda que el Gobierno de España debería asumir la responsabilidad y el liderazgo que le corresponde, pero otras instituciones públicas (Junta de Extremadura, las dos diputaciones extremeñas, Ayuntamiento de Cáceres) deberían ser instituciones necesariamente cooperantes.

En no pocas ocasiones nuestras administraciones públicas reaccionan con gran lentitud ante determinadas reivindicaciones ciudadanas, tal y como como está ocurriendo con la situación del edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres, aunque también es verdad que la sociedad civil consigue a veces sensibilizar a quienes ostentan responsabilidades institucionales y logran acelerar los tiempos en la gestión pública. Deseamos que ello ocurra en este caso.

Cáceres, noviembre de 2024.