Magda Fitili, University of Athens
Esta ponencia aspira a presentar las políticas de reparación, simbólica y material, que adoptaron los distintos gobiernos en Grecia y en España para gestionar el pasado traumático de la guerra civil y de la dictadura, así como sus consecuencias. Con este fin se analizan la Ley 1863/1989 “A propósito de la anulación de las repercusiones de la Guerra Civil” para el caso griego y la Ley 52/2007, normalmente conocida como “Ley de la Memoria Histórica”, para el caso español.
Lo que se plantea a través de las políticas de la memoria es el problema de la gestión del conflicto en democracia, y, sobre todo, del olvido de éste. En el trasfondo aparece la ambigua relación entre historia y política, y la incierta relación entre memoria y democracia. La hipótesis central de esta ponencia es la siguiente: en ambos países las leyes implicaron una reconstrucción despolitizada del conflicto, con el fin de “cerrar el pasado”, excluyendo de esta forma cualquier dimensión pedagógica de la memoria y de superación definitiva de agravios históricos.
Introducción
La comparación de las políticas de memoria, en Grecia y en España, en torno al pasado traumático se justifica por los aspectos comunes de los dos casos analizados que, al mismo tiempo, sirven para poner de relieve sus diferencias. En concreto, la relevancia del objeto de análisis radica principalmente en la guerra civil que ambos países se vieron inmersos (España, 1936-1939 y Grecia, 1946-1949). Otro aspecto común es que durante los años 70 afrontaron el proceso de la transición a la democracia sin que se hubiera producido una “reconciliación política”. Es menester recordar que después de la guerra civil no hubo en ninguno de los dos casos espacio para la inclusión de las memorias de los vencidos, porque a la guerra civil española le siguió una dictadura de casi 40 años y porque en Grecia hubo una democracia excluyente que culminó en una dictadura (1967-1974). En la nueva era democrática, por consiguiente, los actores políticos tuvieron que crear espacios democráticos para que estas memorias excluidas pudieran ser incluidas.
Sus respectivas transiciones a la democracia coincidieron en el tiempo y comparten aspectos comunes como la hegemonía de la derecha. Tal vez la mayor diferencia entre éstos se encuentra en los posicionamientos políticos de las principales fuerzas de derechas con respecto al pasado. La derecha española no ha condenado la dictadura franquista,[1] mientras que la griega condenó abiertamente la dictadura de los Coroneles. No obstante, en lo que se refiere a la memoria de la guerra civil la derecha en ambos países defendía su relato del conflicto bélico. Así, una primera “reconciliación” en el caso griego se basó en la condena de la dictadura y no en la superación del trauma de la guerra civil. En cambio, en el caso español, “la reconciliación” se basó en la superación del pasado conflictivo de la guerra civil a través del olvido y la equiparación de los derechos entre vencedores y vencidos, y no en la condena de la dictadura.
En resumidas cuentas, en Grecia, desde la transición a la democracia hasta la Ley de 1989 hubo una polarización fuerte basada en el pasado traumático. Los partidos políticos reivindicaban sus narrativas históricas partidistas como posible trasiego de votos y arma política en el combate electoral. Asimismo, los gobiernos del PASOK realizaron una serie de actos de carácter simbólico y declarativo que aspiraban a la restitución de la memoria izquierdista de la Resistencia contra la Ocupación, silenciada por los gobiernos de la derecha, y utilizaban reiteradamente el pasado de izquierdas en cada convocatoria electoral. Sin embargo, la denominación oficial de la guerra civil seguía siendo “guerra de los bandoleros” y los comunistas que lucharon en el conflicto no disfrutaban de ningún derecho económico ni de ningún reconocimiento oficial.
En España, desde la transición a la democracia hasta el año 1993, los partidos políticos respetaron el consenso sobre la no instrumentalización del pasado en el debate político.[2] Asimismo, durante el mandato socialista, el PSOE siguió respetando éste consenso y continuó desarrollando políticas para el resarcimiento de las víctimas del bando republicano, renunciando al mismo tiempo a su rehabilitación moral y simbólica. Ante el peligro de perder en las elecciones de 1993, sin embargo, el PSOE no dudó en utilizar el pasado de sus adversarios para deslegitimarlos. Así, a pesar del hecho de que los partidos políticos intentaron “cerrar” el pasado durante la transición a la democracia (con la Amnistía de 1977 y la Constitución de 1978), el pasado ha resurgido paulatinamente desde 1993, y con mayor fuerza a partir del año 2000, como una exigencia explícita de memoria, como una forma de justicia o como deuda frente a la historia.
Finalmente y tras años de duros enfrentamientos dialécticos entre narrativas antagónicas y excluidas, durante la década de 1980 en Grecia, y en España tras un período de intentos sistemáticos para la institucionalización de la memoria democrática, a instancias casi siempre de la izquierda parlamentaria minoritaria (IU, ICV, ERC), o incluso del PSOE – siempre y cuando no estuviera en el Gobierno en España – se adoptaron estas dos leyes.
Ley 1863/1989 “A propósito de la anulación de las repercusiones de la Guerra Civil” y Ley 52/2007, normalmente conocida como “Ley de la Memoria Histórica”
El pasado es un objeto de disputa, donde actores diversos expresan y silencian, resaltan y ocultan, distintos elementos para la construcción de su propio relato. Se trata de una lucha por las memorias, lucha social y política en la que se dirimen cuestiones de poder institucional, simbólico y social. En esta perspectiva, si comprendemos el estado como el ámbito institucionalizado de expresión de los procesos sociales, gestados desde y a través de una compleja estructura de relaciones políticas, las políticas de la memoria estarían dando la perspectiva del sector hegemónico – o, más precisamente, de quienes detentan el poder en un momento dado. Resulta útil pues contextualizar las políticas de la memoria en procesos históricos largos y percibir sus discursos dentro de una dimensión política y social.
La Ley 1863/1989 “A propósito de la anulación de las repercusiones de la Guerra Civil” tuvo lugar en un contexto muy diferente de aquel en el que se dio la “Ley de la Memoria Histórica”. Por un lado, la ley fue fruto del efímero gobierno de coalición entre la derecha y la izquierda[3] – Nueva Democracia (ND) y la Coalición de la Izquierda y el Progreso (SYN).[4] Como resultado de esta colaboración entre los herederos de los dos bandos enfrentados en la guerra civil, la ley estuvo cargada de simbolismos y fue vista como el producto de la verdadera “reconciliación nacional” que serviría para “cicatrizar las heridas abiertas”. En esta coyuntura, los comunistas procuraban liberarse de la “tutela electoral” del PASOK, a través de la superación de las líneas divisorias del pasado que los socialistas utilizaban reiteradamente en el discurso público. ND, por su parte, emprendía una estrategia de acercamiento a los votantes de centro y de izquierda que bautizó como “reconciliación nacional”, con el objetivo de debilitar la preeminencia política del PASOK.
Aunque la Ley 52/2007 de Memoria Histórica tuvo también como meta principal la “cicatrización de las heridas abiertas”, no contó con el consenso de la derecha – el PP se abstuvo y dio el visto bueno sólo a los artículos referidos a las mejoras de las indemnizaciones ya existentes y a la “despolitización” del Valle de los Caídos (ERC también se abstuvo pero por totalmente diferentes razones). Desde la victoria del PP en 1996, los debates sobre el pasado ocuparon un lugar central en la agenda política, tanto por razones internas como externas. A partir de la segunda legislatura del PP, arrastrados por la acción y repercusión social de movimientos por la memoria, se constató un cambio de actitud con respeto a los usos de la historia reciente por parte de formaciones como PSOE, IU y los partidos nacionalistas. El PP quedó en solitario frente a la marea de la memoria histórica alimentada por todos los grupos que presentaron varias iniciativas sobre el pasado, las cuales tuvieron como punto culminante la promulgación de la “Ley de la Memoria Histórica”.
Además del diferente contexto interno en cada país, el contexto internacional en torno a la memoria fue totalmente diferente. Cuando se votó la ley griega, la cuestión de la memoria no había empezado todavía a adquirir peso ni tampoco la justicia transicional y universal (en España se manifestaron a través de “los casos Scilingo y Pinochet”, en 1997 y en 1998 respectivamente). En contraposición, la ley española fue votada dentro de este nuevo contexto de la memoria, así que es lógico que incluya nuevos posicionamientos sobre la cuestión, como el reconocimiento a las asociaciones de las víctimas o la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Asimismo, la ley española intentó solucionar cuestiones que no existen en el caso griego, como es la cuestión de los desaparecidos y de los símbolos de la dictadura que permanecen todavía, o la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.
Ambas políticas estatales intentaron responder a las demandas de los partidos políticos de izquierda y los diversos actores sociales. Estos últimos fueron organizaciones de víctimas y familiares del conflicto o/y organizaciones que ligan el “deber de memoria” con la construcción de futuros más democráticos, es decir, que creen en la dimensión “pedagógica” de la memoria.
Meta explícita de las dos leyes fue “el cierre de las heridas abiertas” a través de la recuperación de un pasado prohibido o conscientemente relegado. En el caso griego, el reconocimiento simbólico-la reparación moral de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura consistió en la anulación de las consecuencias de las sentencias y en la limpieza de los antecedentes penales de todos que participaron en la guerra y lucharon contra la dictadura – y en la denominación de la guerra por primera vez en el discurso oficial como guerra civil. En el caso español, el reconocimiento simbólico-la reparación moral y la recuperación de memoria personal y familiar de las víctimas de la guerra y de la dictadura consistió en el reconocimiento del carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal, en la ilegitimidad de los tribunales, y además en una declaración de reparación y reconocimiento personal. En ambos casos, el reconocimiento material supuso pensiones, asistencia médica-farmacéutica a las víctimas y a los familiares de las víctimas, mejora de las prestaciones – y en el caso español, indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión y a las víctimas de la transición.
Ninguna de las dos leyes entró en las diferentes interpretaciones del pasado, ni intentó delimitar responsabilidades o decidir sobre los culpables. Hay que subrayar, sin embargo, que se insinuó implícitamente que hubo responsabilidades compartidas, por lo menos para la guerra civil. Detrás de este aparente consenso se escondía, no obstante, una notable falta de acuerdo entre los partidos de izquierda (y los nacionalistas vascos y catalanes en el caso español) y los partidos de derecha.
Durante el trámite de la ley griega hubo un fuerte disenso acerca de la denominación de los dos ejércitos implicados en la guerra. La izquierda pedía que el llamado “Ejército Nacional” se denominara “Ejército Gubernamental” – puesto que de esta forma los comunistas fueron excluidos del cuerpo nacional – mientras que la derecha no aceptaba la denominación del “Ejército Democrático” – dado que según la derecha éste ejército no luchó para la democracia. Al final, ambos ejércitos se quedaron con su denominación inicial.
La “Ley de la Memoria Histórica” originó aún mayor polémica desde que comenzó su elaboración, tanto en el fondo como en las formas. El PP defendía su propia interpretación del pasado y no estaba dispuesto de dar ni un paso hacia la inclusión de las memorias opuestas a las suyas, las cuales caracterizaba como “memoria sesgada”. Para el PP lo máximo que podía aceptar era la equidistancia entre los dos bandos[5] y una suerte de equidistancia entre la II República y la dictadura franquista – pedía que se prohibiera además de los símbolos franquistas, cualquier exaltación del bando republicano durante la guerra civil. Para el PSOE la equidistancia entre los dos bandos era dada y había renunciado ya hace tiempo la recuperación de la II República como anterior referente democrático, mientras que IU y ERC manifestaban totalmente lo contrario. El debate sobre el pasado traumático, en el caso español, incluyó como era de esperar también temas como la transición, la continuidad jurídica con la dictadura y la impunidad del franquismo. Sin embargo, ni el PP ni el PSOE estaban dispuestos a cuestionar el relato canónico de la transición. Así, ambas leyes constituyen una buena muestra de las limitaciones que la vía parlamentaria plantea de cara al establecimiento de una política de memoria.
Aunque ambas leyes fueron adoptadas con la meta explícita de incluir las memorias excluidas de la izquierda en la narrativa oficial/institucional, parece que el objetivo final fuese incluirlas para poder olvidarlas y, de esta forma, “cerrar el pasado”. Las declaraciones de los políticos que promulgaron dichas leyes son reveladoras tanto en torno de la necesidad del olvido como también de la supuesta mutua culpabilidad. Zapatero, justo un año después de la Ley y en pleno debate sobre la memoria histórica, se enfrascó en un auténtico elogio del olvido la dictadura: “Que esté en el olvido más profundo de la memoria colectiva será un buen dato” añadió, pese a que aún queden “residuos”[6] que irán desapareciendo, mientras confirmaba que “España tuvo un drama histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro”.[7] El líder de la Nueva Democracia Konstantinos Mitsotákis declaró a su vez que “Hay páginas del historia que nadie quiere leer. Las salta. Desearía que no existiera”,[8] y que “la Guerra Civil ha costado a todos lo mismo. Nadie es ganador o perdedor”,[9] mientras el ministro de Justicia de Orden Público Yánnis Kefalogiánnis manifestó que “Nadie se interesa, por lo que creo, acerca de su pasado político”.[10]
Las políticas de reparación como despolitización de la memoria
El problema de la gestión del conflicto en democracia, sin embargo, no es sólo una cuestión de memoria u olvido sino también de cuál es el contenido de ambos elementos. El olvido tiene su propio relato: un relato equidistante, fratricida, teleológico (y el mito de “las dos Españas”, en el caso de España).[11] En efecto, se trata de una reconstrucción despolitizada del pasado que conduce a la decisión e ímpetu ético de olvidar; es la definición de la guerra civil como “una guerra incivil”[12] que oculta la heterogeneidad de sus causas y manifestaciones. El propio conflicto se despolitiza al presentar a todos como víctimas inocentes, excluyendo sus compromisos políticos y sus militancias. Se sostiene, por consiguiente, que para que las memorias excluidas fueran incluidas, habría que despolitizarlas, borrar el propio porqué del conflicto.
Tanto en el caso griego como en el caso español esta meta-narrativa despolitizada de la guerra fue una reelaboración por parte de la derecha, por supuesto no la versión gruesa de la posguerra, sino una más sofisticada.[13] Ésta, que en algunas fases ha sido compartida también por la izquierda, está claro que favoreció y sigue favoreciendo a la derecha política – descendiente de los vencedores –, que actúa como vigilante de su versión hegemónica y que no está dispuesta a aceptar nada más allá de la equidistancia.[14] Así el olvido implica una asimetría importante: el olvido – en el sentido de la superación de la dialéctica franquismo-antifranquismo – para la izquierda ha servido para la “reconciliación” y para tener una alternativa viable de poder.[15] Para los individuos, la disposición y el deseo de olvido no se pueden considerar olvido en un sentido histórico sino en un sentido antropológico, y han servido para el proceso de duelo, mientras que para la derecha son la forma por excelencia de anular su pasado político autoritario, de hacer tabula rasa de su historia.
En este punto es útil una aclaración. Si la equidistancia entre los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil se basó en la creencia de que ésta era el requisito previo para la “reconciliación”, se sostiene que la equiparación hoy en día se basa en una equidistancia teórica e ideológica más amplia entre comunismo y nazismo. Esta comparación y equiparación y la afirmación generalizada de que los crímenes que se cometieron en los regímenes comunistas fueron tan brutales y horribles como los del nazismo, condujo paulatinamente a la equidistancia hacia los dos bandos beligerantes, tanto en la guerra civil griega como en la española.
La idea del totalitarismo rojo y negro y el consiguiente debate público y académico surgió en Francia tras el derrumbe del bloque comunista a principios de la década de los 90, con la publicación de dos estudios colectivos sobre la historia y la memoria del comunismo.[16] Ian Kershaw y Moshe Lewin[17] defienden, no obstante, que esta comparación a través de sus víctimas e ideales ha servido mucho más para la deslegitimación y la condena del comunismo que para del nazismo. Esta equidistancia entre las dos ideologías oculta la diferenciación moral y política de sus principios a través de su identificación como enemigos de la democracia. De esta forma, la condena del comunismo estalinista arrastra consigo al comunismo marxista y deslegitima la ideología y la praxis comunista. Esta equidistancia se ha convertido, además, en “dogma” formal de la Unión Europea, con la proclamación del día 23 de agosto como el “Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo”, también conocido como “Día Internacional del Listón Negro”.[18]
De esta forma la promoción del olvido, en ambos casos, se ha basado en una sólida narrativa equidistante. Es esta visión despolitizada del conflicto, que descarta completamente los elementos de clase o políticos que lo explican, interpelando al sentido común y a una imaginaria unanimidad de la nación, la que conduce al olvido y al “cierre” del pasado.
¿Cuáles han sido las consecuencias de ambas leyes? ¿Han contribuido a establecer una memoria democrática con claras metas pedagógicas o simplemente “han cerrado el pasado”, promoviendo la herencia de la Antigüedad, la de “μη μνησικακείν” (“no recordar el mal”), el “nunca más”? En Grecia, la ley de 1989 no tuvo ninguna meta de promover una memoria colectiva democrática, quiso simplemente “cerrar el pasado” y dejarlo en manos de los historiadores. Tanto la guerra civil como la dictadura de los Coroneles tuvieron que ser relegadas en el “armario del tiempo de la Historia”. Esta relegación significaba, evidentemente, que si este legado se convertía en tema para los historiadores, en todo caso ya no lo era para los ciudadanos, que a partir de entonces lo podrían olvidar. Paulatinamente, pues, el debate sobre el pasado pasó del ámbito del enfrentamiento partidario a un nivel exclusivamente historiográfico. Hoy en día, en Grecia, la historia de la guerra civil es el asunto más ásperamente debatido desde el punto de vista historiográfico.
En España, la ley de 2007 hizo una lectura individual del problema de la memoria, en consonancia con la derecha política, intelectual y mediática, fomentando las “memorias personales y familiares” en lugar de tratarlas como un asunto social, es decir, como una cuestión de “memoria democrática”. Es como si las memorias personales de la guerra y de la dictadura hubieran sido formadas al margen de lo político, lo social y lo económico, y no dentro de un conflicto de carácter público. De esta forma, la trayectoria personal de la víctima deviene ininteligible, al separarse de la trayectoria histórica. Aún más, no sólo no fue promovida ninguna memoria colectiva, sino que ni siquiera se desarrolló lo allí aprobado. Varias razones contribuyeron a este hecho. En primer lugar, el rechazo frontal de la derecha, que bajo los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy llevó a que la Ley quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación. En segundo, la postura del PSOE, que convirtió en lema el “no mirar atrás” y nunca quiso pensar la relación entre democracia y memoria. De esta manera, el peso de las iniciativas recayó nuevamente sobre las asociaciones y proyectos surgidos a lo largo de estos años, cuya existencia depende en gran parte de la ayuda pública.
Epílogo
¿Una política activa de memoria es condición necesaria para la construcción democrática? Quizás no se trate de entender si más o menos memoria contribuye a construir más o menos democracia, sino de entender qué memorias ayudan a construir qué democracias. Si pudiéramos identificar qué memorias ayudan a construir qué democracias, eso permitiría articular de mejor modo la construcción de memorias con otros procesos, sean estos políticos, sociales y/o culturales, observando las diferencias que surgen de las distintas experiencias históricas.
En todo caso, parece necesario abordar, desde la memoria, las condiciones que dieron origen al autoritarismo en nuestras sociedades y que siguen alimentando sus muchas manifestaciones en el momento presente. De ninguna forma el estado puede imponer una historia oficial, pero sí puede sentar las bases para que la sociedad se eduque en valores democráticos, en los derechos humanos y en las enseñanzas de la historia, que debe ser objetiva y rigurosa pero no neutral. En fin, permitir “el regreso de la victoria en su provisionalidad, a través de la posibilidad de la expresión de la memoria de los vencidos”.[19]
[1] El PP evitó condenar la dictadura franquista en tres diferentes momentos. Se abstuvo de la primera condena formal de levantamiento militar el 15 de septiembre de 1999. En la segunda condena del febrero de 2001 el PP justificó su rechazo contra el golpe de estado de 1936, porque estaba en contra “del pensamiento único”. Caso especial constituye la supuesta condena unánime del golpe de Franco en el 27º aniversario de la muerte de Franco en 2002. Aunque, en la prensa se manifestaba mayoritariamente que el PP había condenado el franquismo por primera vez, no obstante, la iniciativa no condenó de forma expresa el régimen franquista, sino que reiteró que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
[2] La única excepción fue en 1979, cuando Suárez evocó de manera efectiva el fantasma del radicalismo socialista, contra el pacto postelectoral de PCE y PSOE, denunciándolo como pacto marxista o nuevo Frente Popular, ante los frustrantes resultados de las elecciones municipales. J., Avilés Farré. “Del marxismo a la moderación”. En: A., Soto Carmona, A., Mateos López (dir.). Historia de la época socialista. Madrid: Sílex, 2013, p. 34.
[3] El PASOK, estando en oposición, también votó dicha ley.
[4] Coalición electoral creada en 1989 entre los dos partidos comunistas griegos: el pro-soviético Partido Comunista de Grecia (KKE) e Izquierda griega (EAR), sucesor del eurocomunista KKE-Interior, ahora SYRIZA.
[5] Según el PP, la guerra civil o fue provocada por todas partes o fue un producto de un desorden caótico que reinaba en la República. José María Robles, tachó de “simplificación y reducción histórica, situar el alzamiento militar de 1936 como única causa del enfrentamiento civil”. “El PP abstiene en la condena del «golpe» de1936”, ABC: 15-09-1999, “El PP se niega a condenar en el Congreso el «golpe fascista militar» de Franco en 1936”, La Vanguardia: 15-09-1999.
[6] El País: 20-11-2008
[7] “El Gobierno suaviza su ley más delicada, la de Memoria Histórica, para aplacar al PP”, El País: 17-07-2006
[8] Ελευθεροτυπία: 30-08-1989.
[9] Aυγή: 30-08-1989
[10] Απογευματινή: 27-08-1989.
[11] Sartorius, Nicolás, Alfaya, Javier. La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco. Madrid: Espasa, 1999. Southworth, Herbert Rutledge. El mito de la cruzada de Franco. Madrid: Debolsillo, 2008, p. 476, Casanova, Julián. República y guerra civil. Barcelona: Crítica/Marcial Pons, 2007, p. 161-163, Juliá, Santos. Historia de las dos Españas. Madrid: Taurus, 2004, p. 288.
[12] Godicheau, François. “Guerra civil, guerra incivil: la pacificación por el nombre”. En Godicheau, François, Aróstegui, Julio (coord.). Guerra Civil: mito y memoria Barcelona: Marcial Pons Historia, 2006.
[13] Becerra Mayor, David. La Guerra Civil como moda literaria. Madrid: Clave Intelectual, 2015, p. 12.
[14] Según el PP, la Guerra Civil o fue provocada por todas partes o fue un producto de un desorden caótico que reinaba en la República. José María Robles, tachó de “simplificación y reducción histórica, situar el alzamiento militar de 1936 como única causa del enfrentamiento civil”. “El PP abstiene en la condena del «golpe» de1936”, ABC: 15-09-1999, “El PP se niega a condenar en el Congreso el «golpe fascista militar» de Franco en 1936”, La Vanguardia: 15-09-1999.
[15] Muñoz Soro, Javier. “La transición de los intelectuales antifranquistas”, Ayer, núm. 81 (2011) (1), p. 56.
[16] Véase Furet, François. Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle. Paris: Calmann-Lévy/Robert Laffont, 1995 y Courtois, Stéphane, et al. Le livre noir du communisme: crimes, terreurs et répression. Paris : Robert Laffont, 1997.
[17] Kershaw, Ian, Lewin, Mosche (ed.). Stalinism and Nazism, dictatorships in comparison. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
[18] Esta fecha hace referencia a dos sucesos históricos: al día que se firmó entre Alemania y Unión Soviética el “Pacto Molotov Ribbendrop” en 1939 y a la cadena humana que crearon en 1989 ciudadanos de las repúblicas bálticas para pedir la secesión de la Unión Soviética.
[19] José Vidal-Beyneto, “La victoria que no cesa”, El País: 14-12-1980.